El Agronegocio de la soja en la Argentina: problemas socioeconómicos, medioambientales y alternativas

Javier Carlos Quagliano Amado. Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), Ministerio de Defensa.

Desde que a medidos de la década del noventa se autorizó el uso de plantas transgénicas, el modelo de agricultura extensiva basada en la biotecnología de organismos genéticamente modificados (OGM) y elevado uso de agroquímicos se aplicó en nuestro país en forma casi excluyente. Así como en otros países de América del Sur, por ejemplo Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, este modelo, exitoso desde el punto de vista comercial, se implementa sin una evaluación rigurosa ni información adecuada sobre el impactos en la salud humana y el medio ambiente.

Argentina es el tercer mayor productor de soja del mundo y es responsable de un tercio de las ventas de soja en todo el mundo. Estos datos nos hablan de la magnitud del beneficio económico para el país, pero también de las consecuencias negativas que acompañan este beneficio (también llamadas “externalidades negativas”, en el lenguaje de negocios). `

El crecimiento de la soja transgénica ha originado dependencia del paquete tecnológico provisto por empresas multinacionales como Monsanto y Novartis. Éstas no sólo proveen la semilla, sino también el paquete tecnológico y los herbicidas. El uso exclusivo de la tecnología transgénica ha causado que biotipos de cultivos tiendan a desaparecer, debilitando el suelo, y por lo tanto menos productivo para la agricultura futura. En tal sentido, Gustavo Cruzate y Roberto Casas del Instituto de Suelos del INTA determinaron que para la campaña 2010/11 se extrajeron 3.93 millones de toneladas de nitrógeno, fósforo, potasio, sodio y calcio, de los cuales sólo se repusieron 1.26 millones de toneladas. Esto representa un 34.6 por ciento de reposición, es decir, un déficit de casi el 65 por ciento. Al mismo tiempo, el éxito de este modelo permitió el desarrollo paralelo industrias conexas, como la industria de maquinaria agrícola en las últimas dos décadas. Esta industria metalmecánica es una de las más competitivas del mundo.

Por otro lado, el costo de la maquinaria hace que solamente sea posible amortizarlo a través de asociación en agrupaciones como son los “pooles” de siembra. Como la mayor parte de la producción se realiza en campos arrendados (alrededor del 60%) no se crea un compromiso acerca la conservación del suelo, sino más bien con la maximización de la renta. Esto contribuye a que se refuerce la adopción del sistema de monocultivo.

Algunos datos adicionales nos hablan de la magnitud de las externalidades negativas que mencionamos arriba para este modelo. Respecto de la desertificación, la región de Santiago del Estero tiene un promedio de 0,81% de bosque nativo deforestado cada año, comparado con un valor promedio de 0,23% a nivel mundial. Si vamos al uso masivo de agroquímicos que trae aparejado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que la tasa de intoxicaciones en los países de América Latina podría ser unas 13 veces mayor que en los países industrializados. En nuestro país específicamente se registran en forma continua muertes por intoxicación aguda y crónica, mayormente en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Esto ha dado lugar a movimientos como las Madres de Ituzaingó y redes de profesionales médicos y científicos urgente y justificadamente preocupados por estos hechos.

Recientemente, Amigos de la Tierra Internacional exhortó a los gobiernos del mundo a que limiten el uso del pesticida glifosato, después de que resultados de análisis de laboratorio publicados demostraron que se hallaron restos del pesticida en personas de 18 países europeos. Es la primera vez que se realiza un seguimiento en toda Europa de la presencia del pesticida en humanos. Los participantes del estudio, que proporcionaron muestras en forma voluntaria, vivían en ciudades y ninguno de ellos había manipulado ni utilizado productos con glifosato antes de los análisis. Lamentablemente el llamado de atención surge desde el Primer Mundo, y en tanto y cuanto este es afectado como consecuencia de los productos agroindustriales exportados al mundo desarrollado.

Avila Vázquez Medardo, de la Red Universitaria de Ambiente y Salud–Médicos de Pueblos Fumigados concluye que en la Argentina impera una agricultura de monocultivos, una agricultura química, derivada de un modelo agroindustrial que utiliza un paquete tecnológico que incluye siembra directa, semillas transgénicas y aplicación a discreción de agrotóxicos. Un informe reciente, oficial y reconocido por ser realizado por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación concluyó que aunque existen estudios para evaluar los impactos del glifosato en las especies no blanco, la mayoría de ellos no considera importantes aspectos ecológicos. Por lo tanto, concluyeron que en la Argentina no existen suficientes datos sobre los efectos del glifosato en la salud humana.

Quizás estos datos soslayan, en la frialdad de lo escrito en el papel, la realidad de las intoxicaciones y fallecimientos de argentinos que lamentablemente siguen produciéndose. Las consecuencias del referido modelo de agronegocios seguirán agudizándose en nuestra opinión, dado que el Estado argentino ha apoyado este modelo desde los comienzos de su implementación. En el último Plan Estratégico agroindustrial presentado en el predio de Tecnópolis en Septiembre de 2011, se espera incrementar la producción de granos en un 60% hasta 160 millones de toneladas en 2020. Se preveé aumentar la superficie plantada de soja de 18,8 a 20 millones entre 2010 y 2020, así como la de trigo, girasol y maíz. Al mismo tiempo, y en una eventual contradicción, el gobierno argentino no incentiva actualmente la producción de cultivos alternativos como el maíz, trigo o girasol a través de beneficios impositivos.

Posibles alternativas

A pesar de todos estos problemas, no puede soslayarse que el agronegocio de la soja tiene un gran peso en la economía nacional. Según un trabajo presentado por el Programa de Agronegocios y Alimentos de la Universidad de Buenos Aires, presentado en un reciente congreso internacional de agronegocios en Chicago, el complejo de la soja contribuye con el 22% del PBI nacional. El trabajo recalca el nivel de desarrollo tecnológico y preeminencia de la Argentina en el mercado internacional, aunque menciona la necesidad que la producción sea en el futuro más amigable con el medio ambiente. Sin embargo, este tipo de estudios de cadena agroindustrial tiende a soslayar los evidentes efectos negativos del modelo sobre la salud y el medio ambiente.

Es innegable que el modelo fomenta industrias conexas como fábricas de tractores, cosechadoras, sembradoras y fumigadoras, de fertilizantes, semilleras, plantas de biodiesel o bioalcohol, que crean puestos de trabajo. Sin embargo, expertos provenientes del ámbito académico, como el Profesor Otto Solbrig, investigador argentino radicado hace décadas en los Estados Unidos y trabajando en estos temas en la Universidad de Harvard, alertan sobre la primarización de la economía de las Pampas y la soja-dependencia (diario Clarín, 25 de diciembre de 2010). Se plantea entonces el claro dilema entre un desarrollo acelerado de la actividad agroindustrial que privilegie el desarrollo a corto o mediano plazo frente al paradigma deseable de un modelo más sustentable a largo plazo.

Si se piensa en actuar en forma inmediata, la aplicación del principio precautorio (prevista en el artículo 4 de la ley nacional 25.675 del medio ambiente) puede aplicarse cuando se pone en peligro el medio ambiente y la salud humana, especialmente cuando la frontera agrícola se acerca a las zonas urbanas. Algunos jueces han logrado aplicarla en ciertos casos, donde el sentido común daba clara evidencia del daño. Obviamente, esto no es practicable en gran escala. Desde el punto de vista tecnológico, medidas simples como elegir los métodos de aplicación de pesticidas ayudarían a evitar la dispersión de los agrotóxicos. Por ejemplo, puede evitarse la aplicación por aspersión aérea cuando la temperatura es alta y humedad relativa baja, limitándose a realizarla de este modo en horas tempranas del día, de baja temperatura, alta humedad y ausencia de vientos fuertes.

Existe la tecnología para aplicar agroquímicos optimizando la dosis y régimen de aplicación (tamaño de gota de aspersión, aplicaciones repetidas en dosis más diluídas). Dado que el glifosato no tiene una vida media excesivamente larga en los suelos (del orden de 2 a 6 meses dependiendo de las condiciones medioambientales) es posible practicar medidas de veda y así evitar la exposición a largo plazo. La implementación de un sistema de monitoreo ambiental y toxicológico oficial es imperiosa para proveer de información válida en el ámbito legal.

La implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) por parte de los productores y “pooles” de siembra como parte integral del modelo contribuiría a revertir la situación actual de inacción en el área medioambiental. Ampliando el marco donde pueda aplicarse un “punto de apalancamiento positivo”, Henk Hobbelink, de la red GRAIN (http://www.grain.org/es/), señala que simplemente aumentando el tiempo de los contratos a 3 o 5 años se puede lograr la rotación de los cultivos necesaria para evitar que los suelos pierdan su calidad y que se limite el monocultivo. Esto requiere, para este reconocido activista, que los gobiernos estabilicen sus políticas y establezcan impuestos claros, de modo que las partes involucradas puedan tomar decisiones en un marco de previsibilidad.

Ninguna acción individual podrá por sí sola ser efectiva sino en el marco de un plan conjunto, coordinado y consensuado, donde el Estado tenga el rol de impulsor, coordinador y ejecutor. En la situación económica actual del país, solamente se puede seguir con el modelo, dado que el sistema agroindustrial es fundamental para balancear las cuentas nacionales. Quizás el futuro permita la implementación de medidas para lograr un modelo para el cultivo de la soja más acorde con los criterios de sustentabilidad. Hoy por hoy, siguen siendo válidas las palabras del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, entrevistado por el periodista Darío Aranda:

“los gobiernos hasta ahora han privilegiado los intereses económicos por sobre la vida de las personas”.